Desde la DGCyE expresan que no hay datos, diagnósticos, sobre los aprendizajes de los alumnos de nuestro país. Esto es falso.
Los que transitamos por el sistema educativo provincial y nacional sabemos que desde las escuelas, en todos los niveles y modalidades, se elevan mensual y trimestralmente datos cuantitativos acerca de matrícula, sobreedad, calificaciones, a través de cortes, planillas de pic, sic y tic, cuadernillos, cuadros vía mails, los cuales son analizados y controlados por inspectores y demás actores que elevan a nivel distrital, regional y provincial.
Esta no es una evaluación más, cuyo propósito sea conocer mediante una prueba estandarizada, lo que saben los niños y los adolescentes de la educación formal, sino que apunta directamente a los docentes, quieren marcarnos el camino sobre qué enseñar y cómo hacerlo; prácticas estandarizadas fuera de contexto y necesidades reales.
La educación es un derecho, pero este derecho es vulnerado cuando el estado no garantiza las condiciones para que cada escuela, cada alumno, cada docente pueda garantizar la continuidad y progresión en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
El docente se ve sometido a múltiples exigencias, a trabajar simultáneamente diversidad de proyectos que se imponen fuera de lo planificado en sus previsiones didácticas, los cuales son impuestos externamente en forma verticalista y descontextualizados de las propuestas institucionales.
Sumamos a esta situación, la superpoblación áulica, la falta de nombramiento de cargos, de recursos materiales, los problemas serios de infraestructura, capacitación en servicio, la pérdida de los 5 días estatutarios de jornadas que siempre han tenido vigencia, y que gradualmente se han ido suprimiendo, con el propósito de dialogar, intercambiar, debatir, construir y fortalecer acuerdos institucionales, revisando las prácticas docentes, propiciando ajustes en proceso;
conformando estas prácticas, la verdadera autoevaluación institucional.
Hablar de imponer la cultura de evaluación, es hablar de condicionamientos descontextualizados, verticalistas, mercantilistas, que no parten de las necesidades reales y genuinas de cada escuela, de sus actores institucionales y comunitarios para lograr diagnósticos en conjunto que sumen a la comunidad y que no nos enfrenten con ella para lograr entre todos a través del compromiso mutuo, el fortalecimiento de las trayectorias escolares de nuestros alumnos que componen a la escuela pública.
Recordamos que no hay procesos educativos posibles sin evaluaciones, por lo tanto, querer imponer la cultura de evaluación es un oxímoron, o sea una contradicción en sí misma, lo que reafirma el desconocimiento de las autoridades del campo educativo.
Necesitan en primer lugar que los docentes seamos considerados incapaces de evaluar, desestimando nuestro propio capital simbólico, nuestra experiencia, nuestra práctica, nuestra reflexión, reservándonos el rol de “aplicadores" de una evaluación externa que descalifica nuestra capacidad para tal fin.
El Estado es responsable de todo lo mencionado y nosotros en exigir y seguir luchando e n las escuelas, en las calles y ante las instituciones que lo componen para que todo lo mencionado se garantice.
(*) Sìntesis de la intervenciòn de Adrián Weissberg, Secretario General Adjunto de SUTEBA Quilmes, en la Jornada de Reflexión y Debate convocada por SUTEBA Matanza (6/9/16).
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