http://www.suteba.org.ar/index.php?r=3704.Nuestro régimen jubilatorio y el IPS están amenazados desde hace ya varios años. Hasta ahora nuestro firme accionar ha impedido que avancen en ese sentido.
Hechos actuales:La novedad es que después de varios años de déficit (2002-2006), en el 2007 el IPS ha vuelto a dar superávit. Al cierre del ejercicio del año pasado el superávit fue de 590 millones de pesos.
Al mismo tiempo la Caja de la Policía se equilibró y la caja de los Empleados del Banco Provincia mantiene un fuerte déficit producto de la política de ajuste que llevó a que haya más trabajadores pasivos que activos.
A partir de ello el Ministerio de Economía anunció su intención de promover un “proyecto de ley de ordenamiento financiero previsional”.
Sobre dicho proyecto dijimos:
En una primera aproximación surgen tres cuestiones principales:
1- Autoriza a este sistema a intervenir la administración de los fondos excedentes de los tres "subsistemas" IPS, Caja de Empleados del Bco. Pcia. y Caja de la Policía.
2- Autoriza al Poder Ejecutivo a usar los fondos excedentes:
"El Poder Ejecutivo podrá endeudarse con los subsistemas previsionales por plazos superiores a un año, mediante la emisión de títulos de la deuda pública, denominados Bonos de Ordenamiento del Sistema Previsional Provincial, a efectos de posibilitar la colocación de los excedentes estructurales de los Subsistemas Previsionales Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en activos públicos de calidad. (Sic)"
3- Reafirma en forma implícita el marco normativo del Convenio 400:
"En el caso de los subsistemas previsionales deficitarios se deberá elaborar información correspondiente a estos déficits, conforme a compromisos en materia de información previsional asumidos por la Provincia con el Estado Nacional en el marco de los Compromisos Federales ratificados por las leyes 25235 y 25400"
Además en el reportaje al Ministro de Economía de la Pcia. Rafael Perelmiter publicado en La Nación del sábado 23/08/08 manifiestó:
“Cuando llegué al ministerio empecé a mirar los números y realmente no me cerraban, entonces ordené hacer un estudio minucioso y de ahí surgió que la diferencia, de unos 2000 millones de pesos, era el dinero usado del IPS sin asiento alguno. Ante esto, nosotros estamos poniendo esto en blanco sobre negro, haciéndonos cargo de reordenar esta situación y garantizando absolutamente el reintegro de los fondos.”
Semejante declaración merecería una seria investigación e imputación penal a los responsables. Sin embargo la medida que propone economía queda sorprendentemente plasmada en el borrador del proyecto de ley que se proponen impulsar en la legislatura:
“Art. 18: Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir bonos de ordenamiento del sistema previsional provincial por hasta la suma de pesos dos mil millones ($2.000.000.000) destinados a absorber el excedente estructural del ejercicio 2008 en base al cálculo previsto en el artículo 17.”
Huelgan más comentarios.
Reafirmamos:
Rechazamos cualquier intento de vulnerar al IPS o a nuestro régimen previsional
Más allá de todo criterio de solidaridad, no podemos aceptar que se use el superávit de nuestra caja para cubrir el déficit de otra, cuando dicho déficit no se debe a desequilibrios intrínsecos del sistema sino a decisiones políticas que rompieron la proporcionalidad viable entre trabajadores activos y pasivos. Es el estado, según la constitución provincial, el garante solidario de las cajas previsionales y por lo tanto debe hacerse cargo sin echar mano de los aportes de otros trabajadores. Máxime en un contexto donde el convenio 400 (armonización) opera como un instrumento para obtener fondos de la nación poniendo a los trabajadores como rehenes frente a la amenaza de introducir cambios negativos, convenio contra el que venimos peleando desde el 2004.
Nos pronunciamos en defensa del Instituto de Previsión Social y nuestro régimen jubilatorio y contra todo intento de unificación. Asimismo seguimos exigiendo la derogación del Convenio 400 suscripto entre los gobiernos provincial y nacional.
En ese marco el Plenario de Secretarios Generales realizado el 25 de agosto de 2008 aprobó incorporar este aspecto como punto específico en el marco del Plan de Acción.
Pero nuestra lucha en ese sentido, como decíamos al principio, no comenzó ahora. Para hacer memoria:
En el año 2003 a través de una auditoría realizada al instituto se recomendó realizar modificaciones a la ley de jubilaciones porque se preveía la inviabilidad financiera y una perspectiva deficitaria.
En esos momentos realizábamos una fuerte campaña de denuncia sobre las causas por las que el IPS, que tenía una historia de superávit había pasado a una situación deficitaria.
En ese año publicamos en “La Educación en Nuestras Manos”:
A principios del mes de junio trascendió que el gobierno bonaerense encargó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Plata un informe actuarial, para analizar las perspectivas financieras del IPS y la proyección de reformas en el régimen jubilatorio habida cuenta de un "déficit" presupuestario en el año 2002.
Tomamos contacto con los delegados gremiales del IPS, FEB, Foro por la Seguridad Social de la Provincia de Buenos Aires (del que participamos junto a compañeros empleados del IPS, ATE, Judiciales) y fuentes periodísticas. Ratificamos la unidad en la defensa de nuestro Instituto y alertamos sobre la situación.
El 11 de agosto el Diario Hoy de La Plata adelantó los resultados de ese informe donde se pronostica la "Inviabilidad" financiera del IPS y se proponen medidas correctivas a corto plazo como el aumento de la edad jubilatoria, de los aportes mensuales o, directamente, el paso a la privatización o semiprivatización.
El 26 de agosto, en el marco del Foro por la Seguridad Social fuimos recibidos por Ricardo Buirás (Presidente del IPS, Ex - Intendente de General Belgrano y Presidente del P.J. de ese distrito). En ella exigimos información y planteamos nuestra posición, tanto en defensa de nuestro régimen jubilatorio y del IPS como en la política que consideramos necesaria para revertir las causas que afectarán el futuro del sistema previsional.Buirás confirmó la existencia del informe actuarial, comprometió la entrega del mismo a los representantes del Foro, así como de la emisión de criterio con en que se elevará el mismo al Gobernador de la Provincia.
Según Buirás, además de lo que trascendió periodísticamente, en el informe se contempla la posibilidad del traspaso del IPS a nación (ANSES). El presidente del IPS se manifestó contrario a esa posibilidad, así como al aumento de la edad jubilatoria o de los aportes. Sin embargo se mostró proclive a otras “correcciones” alarmantes como el cambio de la base para el cálculo del haber de los futuros jubilados, que repercutiría negativamente en sus ingresos como pasivos.
Justifica la “necesidad” de estas correcciones en un supuesto aumento de la expectativa de vida y, consecuentemente, en la proporción de adultos mayores con relación a los jóvenes.
En Buenos Aires, en tiempos de Ruckauff se implementó la ley 12.563 de jubilación anticipada entre municipales y otros sectores de la administración (no alcanzó a docentes), ya que vieron la posibilidad de reducir la masa salarial jubilando personal y aprovechar para ello el entonces superávit del IPS. Esa ley introdujo durante el segundo semestre del año pasado 12.000 nuevos jubilados en cargos que no se repusieron (por lo tanto no se repusieron los aportes) y el pago de esos dos o tres meses de jubilación acarreó un déficit de cinco millones de pesos. El déficit proyectado para este año, donde esos nuevos jubilados cobran los doce meses del año, según reconoció Buirás en la reunión, es de entre 80 y 100 millones.
Lo que también se conoció el año pasado es que excedentes del IPS por 470 millones fueron convertidos a letras de tesorería, es decir que mientras se escandalizan por un "déficit" de 5 millones se apropian del superávit para otros fines. Buirás ve como positivo y ajustado a la normativa el haber llevado adelante esa medida que preocupa al conjunto de los beneficiarios y aportantes al IPS.
Si lo miramos desde el punto de vista de la relación entre la cantidad de trabajadores activos que aportan y los jubilados y pensionados la proporción es buena (existen más de medio millón de aportantes, 119 mil jubilados y 44 mil pensionados) y no se justifica ningún déficit. Sin embargo, Solá acaba de firmar un decreto prorrogando por un año el congelamiento de plantas y promociones en el estado provincial y son esas medidas las que van rompiendo, a futuro, el equilibrio entre trabajadores activos y pasivos.Por supuesto, Buirás y Solá no hablan de las sumas que cobramos en negro que no aportan al sistema. Es cierto que si esas sumas fueran remunerativas implicarían una obligación de pago (los actuales jubilados verían incrementados sus haberes) pero su blanqueo contribuiría al saneamiento presupuestario.
Durante el 2004 mantuvimos una campaña activa de difusión de la situación y nos anticipamos con una campaña de afiches y entrevistas con legisladores de los distintos bloques de la legislatura bonaerense al convenio firmado entre provincia y nación. No bien firmado el mismo decíamos en los afiches:
“El Gobernador Solá y el Presidente Kirchner firmaron, el 12 de octubre de 2004, el “Convenio de Financiamiento de los Déficit de las Cajas provinciales (IPS, Policía y Empleados del Banco Pcia.)”.
Dicho convenio fue parte de la puja entre la nación y la provincia por los fondos de coparticipación federal.
Finalmente la nación impuso su criterio de no incrementar el porcentaje a Buenos Aires, pero firmó este convenio que, por la ley en que se enmarca, abre la puerta para la modificación de la ley de jubilaciones provincial para “armonizarla” con la nacional, mucho más desfavorable para los trabajadores.
Así los docentes y demás trabajadores del estado bonaerense quedamos como rehenes de una disputa económica en virtud de un déficit que, en el caso del Instituto de Previsión Social, no se origina en deficiencias de la ley de jubilaciones sino en el pago de sueldos en negro y en el “congelamiento de vacantes”que limita la cobertura de cargos y, consecuentemente, disminuye los aportes a la caja.”
Decíamos también:
La Nación se compromete al financiamiento del déficit de las cajas previsionales de Bs. As.
La Provincia se compromete a:
- armonizar el régimen provincial con el nacional rigiéndose por las pautas de reparto de la ley 24.241.
- Coordinar junto al estado nacional auditorías contables para determinar los déficit de los años 2000 al 2004.
- Firmar un convenio específico con la descripción de las acciones para la armonización y el cronograma
respectivo una vez finalizadas las auditorías.
- Propiciar el dictado de una ley para implementar el pago a prorrata (sistema aplicable a los trabajadores
con aportes mixtos donde cada caja a la que aportó paga un tramo del beneficio conforme a la normativa que la rige).
Tal como lo venimos sosteniendo en cada una de nuestras acciones gremiales el régimen previsional es parte sustancial de nuestras condiciones laborales y lo defenderemos de manera irrestricta. Ello implica la amplia difusión de esta situación y una fuerte toma de conciencia por parte del conjunto de los trabajadores para que, desde los más jóvenes hasta los próximos a jubilarse, estén dispuestos a la lucha por nuestro sistema jubilatorio.”
Desde entonces la defensa del IPS y nuestro sistema jubilatorio fue un eje específico en los planes de acción, y fue central en la Marcha de Jubilados que realizamos desde la DGC y E a la Legislatura el 14 de agosto de 2007.
Desde febrero de 2005 se recuperó con la lucha el Régimen Especial del Docente Nacional, con lo que en el marco de una potencial “armonización” se puso un fuerte escollo legal entre la nación y la provincia.
También el logro de la paritaria fuera de la cual es nula cualquier modificación en las condiciones de trabajo es un impedimento a avances unilaterales sosteniendo que las condiciones de egreso son parte de las mismas.
Denunciamos la situación en cientos de reuniones realizadas a lo largo y lo ancho de la provincia y en todos los medios periodísticos a los que tuvimos acceso, manteniendo permanentemente el alerta, tal como lo seguimos haciendo.
Walter Ormazábal
Secretario de Jubilaciones del SUTEBA
