“Hay que aprovechar para echar a las otras petroleras”, dicen los trabajadores.

Los petroleros y la mayoría del pueblo apoyan el paso positivo dado por el gobierno: echar a Repsol y que se haya recuperado esa parte de la empresa. Pero nadie le ha dado al gobierno un cheque en blanco para insistir con una YPF que se maneje como una empresa privada (sociedad anónima), atada a compromisos con monopolios y bancos imperialistas. Resolver la crisis energética exige, para empezar, estatizar el 100% de YPF, sin indemnizar a Repsol: castigándola por vaciar YPF violando las leyes nacionales. El principal capital de YPF son las concesiones otorgadas por las provincias sobre áreas con reservas petroleras comprobadas, que fueron prorrogadas por la “ley corta” del gobierno kirchnerista. Repsol no cumplió los compromisos de exploración, producción y saneamiento ambiental; además, esos contratos son contrarios al interés nacional. Por esas dos razones los contratos debieron ser anulados, como hizo en su momento el presidente Illia con los de Frondizi. Así se avanzó al inicio con la quita de concesiones que comenzaron a derrumbar el valor de la empresa. Haber parado la anulación de concesiones y pasar a la “expropiación”, abre un camino pantanoso (como se ve en Aerolíneas Argentinas, que todavía sigue formalmente en manos del español Marsans). Y si se quiere cumplir con la cláusula constitucional que prohíbe “la confiscación”, basta con depositar un peso en una cuenta a nombre de Repsol, y mandar a cobrarle a Repsol a los acreedores de los 9.000 millones de dólares con que Repsol endeudó a YPF. Hay que sacar a la luz y castigar la complicidad del gobierno con el vaciamiento de YPF: los que avalaron su endeudamiento, permitieron el cierre de pozos y el negociado de las acciones de Eskenazi. Los petroleros exigen garantías de su estabilidad laboral, aumentos de acuerdo al costo de la vida real, anulación del impuesto al salario, participación en las ganancias y ejercer el control de la producción. Y hay que garantizar, también, el control de las cuentas por la Auditoria General de la Nación, trabajadores, expendedores y consumidores. Los trabajadores con la población de la zona deben tomar en sus manos planificar la explotación del yacimiento de Vaca Muerta en función del interés nacional; y no de los monopolios petroleros imperialistas que ya están discutiendo “asociarse” a cambio de que se les dé el precio internacional de 102 dólares. Y que la explotación de ese yacimiento no ponga en riesgo a las poblaciones de la zona ni contamine los acuíferos, como exigió el Parlamento de los Pueblos que acaba de reunirse en Tucumán. Todo el pueblo debe unirse contra las acciones de las potencias imperialistas (Unión Europea, Estados Unidos, etc.) que tomen medidas solidarias con Repsol contra la Argentina. Para todo esto la única garantía es un gran movimiento nacional, con centro en los petroleros y una amplia base popular, que tome en sus manos la lucha por una YPF 100% estatal, y la estatización del petróleo y el gas desde el pozo al surtidor, porque todas las petroleras han incumplido los contratos.